Los movimientos populares de Brasil desarrollaron este miércoles una manifestación para denunciar los desalojos y propiedades sin función social en el estado de São Paulo.

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La movilización comenzó a las 14H00 (hora local) en Plaza de la República, localizada en el centro de la ciudad.

Los convocantes a la marcha denunciaron la existencia de al menos 126.000 familias sin hogar en 180 comunidades, en peligro de desalojo en todo el estado. También criticaron la inexistencia de políticas públicas de vivienda efectivas y la utilización del aparato público para humanizar los desalojos forzosos.

La militante de la Organización Lucha del Pueblo, Maura Lopes, declaró a medios de prensa locales que se encuentran “en una dura lucha contra los desalojos, que ya lleva tiempo en marcha, pero que se ha intensificado mucho últimamente”.

Asimismo, manifestó que en la actualidad existe la GAOP (Oficina de Servicios de Asesoría para Asuntos de Conflictos de Tierras) para humanizar los desalojos. En este sentido, criticó que “desalojar a las familias de sus hogares no es humanizar, no hay humanización en esto”.

De igual manera, planteó que la legislación de Cero Desalojo muestra el aumento de viviendas vacías sin función social.

“Cada vez hay más familias, personas sin hogar y con espacios vacíos, edificios abandonados, terrenos baldíos. No existe un proyecto de vivienda real que funcione. Si existiera, la situación no sería la actual”, denunció Lopes.

 “Ocupamos porque necesitamos vivir, porque la Constitución garantiza una vivienda digna”, recalcó la manifestante. Maura Lopes compartió su experiencia: “Llevo 12 años viviendo en la comunidad Ocupação Esperança, en Osasco. También luchamos por la regularización de la zona para poder vivir con dignidad”. Asimismo, recordó el hecho de la  Favela Moinho, la última favela que se localiza en el centro de São Paulo.

En este sentido, recordó que en el caso de la Favela Moinho, la movilización de los habitantes no lograron la permanencia en la zona, pero frenó un proceso de desalojo forzoso por parte del Gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que contiene el pago de nuevas viviendas a plazos que comprometieron el 20 por ciento de sus salarios durante 30 años.

Después de las manifestaciones y las consecuencias negativas de la violencia policial, los residentes arribaron a un acuerdo para que el Gobierno estatal y federal subsidiaran las nuevas viviendas con una contribución de R$250.000.

A la movilización se sumaron los movimientos sociales Cero Desalojos, el Movimiento de Trabajadores Sin Hogar (MTST), Lucha Popular y diferentes comunidades.

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