La ex presidenta argentina fundamenta su pedido en el intento de magnicidio de 2022 y en su custodia obligatoria como exmandataria, tras la confirmación de su condena.

Durante la sesión urgente, se decidió crear una mesa de trabajo que planifique las estrategias para acompañar a la expresidenta los próximos días y consolidar al peronismo como una alternativa electoral.

Agrupaciones sindicales, sociales y políticas activan medidas de fuerza en apoyo a la exmandataria, con cortes viales, concentraciones frente a tribunales y una vigilia en las afueras de su domicilio en Constitución.

Cristina solicitó cumplir su condena en prisión domiciliaria, respaldada por su edad, su rol como exjefa de Estado y razones de seguridad.

El Partido Justicialista denunció que la decisión de ponerle un cepo al voto popular va contra los preceptos fundadores del país y la Constitución.

La central obrera comparó explícitamente el fallo con la persecución al exmandatario brasileño y alertó: «La democracia está en peligro».

Organizaciones estudiantiles anunciaron que la medida se realiza «en defensa de los derechos democráticos” y contra el “ajuste integral de Milei en educación, salud, ciencia y todos los sectores”.

La solicitud argumenta la necesidad de garantizar la seguridad de Fernández por su edad y su condición de expresidenta.

El Grupo de Puebla fue uno de los primeros en manifestar su respaldo a la exmandataria.

Irene Montero, diputada de Podemos, señaló que «la condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática».